Daniel Noboa anunció que se estudian beneficios fiscales para empresas que invirtieron en autogeneración y acataron las restricciones eléctricas, el Ejecutivo también evalúa posibles sanciones para quienes no cumplieron, aunque todavía no existe una decisión definitiva.
El Gobierno ecuatoriano analiza la posibilidad de otorgar incentivos tributarios a las empresas que cumplieron con los horarios de desconexión eléctrica y realizaron inversiones para generar parte de la energía que consumen. La propuesta fue anunciada por el presidente Daniel Noboa durante una entrevista radial, en la que abordó las medidas adoptadas para enfrentar las dificultades de abastecimiento eléctrico del país.
Según información publicada por Teleamazonas, el Ejecutivo mantiene conversaciones con representantes de los gremios productivos para definir un mecanismo que permita reconocer a las industrias que atendieron las disposiciones gubernamentales durante octubre.
El anuncio se produce en medio de las restricciones eléctricas aplicadas a determinados sectores industriales, medidas que buscan reducir la demanda del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y preservar el suministro para los hogares ecuatorianos.
¿Qué beneficios recibirían las empresas?
Durante su intervención, Noboa explicó que el Gobierno mantiene conversaciones con representantes de los gremios empresariales para analizar posibles alivios tributarios destinados a las compañías que invirtieron en sistemas de autogeneración eléctrica y cumplieron con las disposiciones de desconexión.
El mandatario señaló que la intención sería reconocer el esfuerzo de las empresas que realizaron inversiones para reducir su dependencia de la red pública en un período de dificultades energéticas.
Sin embargo, hasta el momento no se han definido las características del posible beneficio. No existe información definitiva sobre si se aplicarán deducciones tributarias, exoneraciones, créditos fiscales u otra modalidad de compensación.
Tampoco se ha anunciado un calendario oficial para la implementación de la propuesta ni se han establecido públicamente los requisitos que deberán cumplir las empresas interesadas.
Por esta razón, los incentivos deben considerarse una medida en análisis y no un beneficio aprobado o vigente.
El 45 % de las empresas tendría capacidad de autogeneración
Durante la entrevista, el presidente afirmó que aproximadamente el 45 % de las empresas cuenta con capacidad para generar al menos el 30 % de la energía que consume.
Según Noboa, las industrias recibieron información sobre la necesidad de prepararse para disponer de sistemas de generación propia, con el propósito de enfrentar eventuales dificultades de abastecimiento y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.
El mandatario sostuvo que existen empresas que realizaron las inversiones correspondientes y otras que no atendieron los requerimientos planteados por el Gobierno.
No obstante, el porcentaje mencionado corresponde a una cifra presentada por el presidente. Para conocer su alcance exacto sería necesario disponer del registro oficial de empresas evaluadas, la metodología utilizada y los criterios con los que se determinó el cumplimiento.
La autogeneración permite que una industria produzca parte de la electricidad que necesita mediante equipos propios, lo que puede reducir su demanda sobre la red nacional. Su efectividad depende de la capacidad instalada, la disponibilidad de combustible o del recurso energético utilizado y las condiciones de operación.
Posibles multas para las industrias que incumplieron
Además de los incentivos para las empresas que cumplieron, Noboa abrió la posibilidad de aplicar sanciones económicas a las industrias que no desarrollaron la capacidad de autogeneración solicitada o que incumplieron las disposiciones correspondientes.
El presidente no precisó qué empresas podrían estar sujetas a estas medidas ni qué montos se contemplarían.
Tampoco se ha anunciado una decisión definitiva sobre la aplicación de multas o sobre los criterios que permitirían determinar los incumplimientos.
Para que una sanción sea exigible, deberá contar con fundamento jurídico, una autoridad competente y un procedimiento que respete el derecho a la defensa. Por ello, será necesario conocer si el Ejecutivo propone una nueva regulación o si considera que la normativa vigente permite establecer responsabilidades en los casos identificados.
La definición de este aspecto será determinante para las empresas que todavía se encuentran desarrollando sus sistemas de generación propia.
¿Por qué se aplicaron las desconexiones eléctricas?
Las restricciones forman parte de las medidas adoptadas para reducir la demanda eléctrica en un contexto de dificultades de abastecimiento y menor disponibilidad de generación durante determinados períodos.
Según los reportes publicados por medios nacionales, desde septiembre de 2026 se aplicaron desconexiones a determinados consumidores industriales, incluidos usuarios de alto voltaje y otros segmentos empresariales, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema eléctrico.
El Gobierno ha defendido estas acciones como parte de su estrategia para evitar que las restricciones afecten a los hogares ecuatorianos.
Las medidas tienen, sin embargo, implicaciones para las industrias, ya que pueden alterar sus horarios de producción, incrementar los costos operativos y obligarlas a recurrir a sistemas alternativos de generación.
La autogeneración se convierte así en una herramienta para reducir la dependencia de la red pública, aunque requiere inversiones en equipos, instalación, mantenimiento y suministro energético.
El antecedente normativo de la autogeneración
La discusión sobre la generación eléctrica propia tiene como antecedente el Decreto Ejecutivo 32, expedido en junio de 2025, que introdujo disposiciones relacionadas con los sistemas de generación para determinados consumidores de energía.
Según información difundida por medios nacionales, la normativa contempló un período de 18 meses para implementar los sistemas correspondientes en los segmentos previstos.
Sin embargo, el alcance exacto de las obligaciones, los porcentajes mínimos exigibles y las eventuales consecuencias por incumplimiento deben verificarse directamente en el texto normativo y sus reformas.
El análisis jurídico es especialmente importante porque los incentivos tributarios y las sanciones económicas requieren una base legal adecuada. De acuerdo con especialistas citados en la cobertura periodística, el decreto mencionado no establece expresamente un esquema de beneficios fiscales ni un régimen específico de multas para los supuestos anunciados.
¿Qué pasará con las desconexiones en noviembre?
Otro aspecto relevante para el sector productivo es el calendario de las restricciones eléctricas.
El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció el 22 de octubre que, según la planificación gubernamental, las desconexiones para las empresas de los segmentos AV1 y AV2 finalizarían el 1 de noviembre de 2026.
La medida supondría un cambio para las industrias que han tenido que ajustar sus operaciones a los horarios establecidos durante las restricciones.
No obstante, las condiciones definitivas deberán confirmarse mediante los anuncios oficiales y las disposiciones de las autoridades competentes, especialmente en caso de que se produzcan cambios en las condiciones de abastecimiento.
El desafío de equilibrar la seguridad energética y la producción
La propuesta de incentivos tributarios abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el sector industrial frente a los desafíos energéticos del país.
Para las empresas, los posibles beneficios podrían representar una forma de compensar parte de las inversiones realizadas en generación propia. Para el Estado, el reto será establecer criterios transparentes que permitan identificar a los beneficiarios y evaluar los efectos fiscales de la medida.
Al mismo tiempo, las posibles sanciones plantean la necesidad de precisar las obligaciones exigibles, los mecanismos de verificación y las garantías legales para las compañías involucradas.
La discusión también pone de relieve la importancia de diversificar las fuentes de generación, mejorar la infraestructura eléctrica y mantener una planificación que reduzca la vulnerabilidad ante los períodos de menor disponibilidad energética.
Por ahora, el Gobierno mantiene en análisis tanto los posibles alivios tributarios para las empresas que cumplieron como las eventuales sanciones para quienes no lo hicieron. La decisión final dependerá de las conversaciones con los gremios productivos, de las disposiciones legales aplicables y de los anuncios oficiales que se emitan en los próximos días.
