Chats, transferencias bancarias, cheques y testimonios forman parte de los indicios que examinan las autoridades para determinar el origen y destino de recursos relacionados con la campaña electoral de 2023.
La investigación denominada caso Laberinto ha adquirido relevancia en el escenario político y judicial ecuatoriano tras la incorporación de nuevos elementos que apuntarían a un presunto esquema de financiamiento irregular vinculado con la campaña presidencial de Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC) en las elecciones anticipadas de 2023.
La Fiscalía General del Estado investiga posibles operaciones de lavado de activos y busca establecer el origen, la circulación y el destino de recursos que, según las hipótesis fiscales difundidas públicamente, habrían sido utilizados para cubrir gastos electorales al margen de los mecanismos ordinarios de registro y justificación financiera.
Entre los elementos que forman parte de las diligencias constan comunicaciones electrónicas, registros de pagos, documentos comerciales y declaraciones de personas relacionadas con empresas presuntamente involucradas en las operaciones investigadas. Estos elementos deberán ser examinados dentro del proceso judicial para determinar su autenticidad, alcance y relevancia penal.
Los dispositivos electrónicos, una pieza clave de la investigación
De acuerdo con información publicada por medios nacionales, entre ellos El Comercio y Primicias, la investigación tomó un nuevo impulso tras el análisis de dos teléfonos celulares y una computadora portátil entregados por José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero vinculado al grupo empresarial de la familia Álvarez Henriques.
Los dispositivos contendrían conversaciones y registros que los investigadores relacionan con supuestas coordinaciones de pagos a proveedores, emisión de cheques y entrega de dinero en efectivo durante el período electoral de 2023.
Según la versión atribuida al testigo, determinadas personas habrían coordinado la cobertura de gastos asociados con la candidatura presidencial de González mediante operaciones realizadas desde Ternape Petroleum, empresa vinculada empresarialmente con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Los registros examinados incluirían comunicaciones de junio a octubre de 2023, período que comprende las dos vueltas de las elecciones presidenciales anticipadas. La Fiscalía busca establecer si las operaciones registradas respondían a transacciones comerciales legítimas o si habrían servido para canalizar recursos de origen presuntamente ilícito.
La existencia de mensajes o movimientos financieros, por sí sola, no determina la comisión de un delito. Su valor probatorio dependerá de las pericias, la documentación complementaria y la valoración que realicen las autoridades judiciales.
Las presuntas coordinaciones para cubrir gastos electorales
Uno de los aspectos centrales del expediente corresponde a las declaraciones sobre supuestas coordinaciones financieras realizadas en junio de 2023.
Según la versión atribuida a Cevallos, el 23 de junio de ese año habría recibido información de una exempleada del grupo empresarial acerca de la posibilidad de que Ternape Petroleum asumiera gastos relacionados con la campaña presidencial de González.
Al día siguiente, el testigo habría mantenido una conversación por WhatsApp con Aquiles Álvarez, en la que, según su relato, se habría considerado destinar aproximadamente 300.000 dólares al financiamiento electoral.
La investigación también examina comunicaciones en grupos de mensajería utilizados para coordinar cotizaciones, proveedores y pagos. Entre los registros descritos en la cobertura periodística figuran proformas por 50.000 dólares y referencias a diferentes productos y servicios presuntamente relacionados con actividades electorales.
De acuerdo con el testimonio difundido por medios nacionales, entre los conceptos mencionados constarían la adquisición de 200.000 cuestionarios, 400.000 adhesivos y otros gastos que sumarían aproximadamente 100.000 dólares.
Los investigadores intentan determinar si esos bienes y servicios fueron efectivamente contratados y entregados, quiénes autorizaron los pagos, qué empresas participaron en las transacciones y si los documentos comerciales reflejaban la verdadera naturaleza de las operaciones.
Uno de los puntos que genera interés investigativo es la presunta utilización de facturas emitidas a nombre de una compañía para respaldar gastos que, según la hipótesis fiscal, podrían haber estado destinados a actividades de carácter electoral.
Cheques al portador y movimientos de dinero en efectivo
Otra línea de investigación se concentra en el supuesto uso de cheques al portador para efectuar pagos que no habrían contado con la documentación justificativa correspondiente.
Según el testimonio atribuido a Cevallos, Wendy Onofre le habría solicitado gestionar la emisión de determinados cheques y coordinar con terceras personas su cobro, con el propósito de disponer de efectivo para cubrir gastos que presuntamente no podían respaldarse mediante facturas.
El declarante también habría relatado un inconveniente relacionado con el cobro de uno de esos documentos por parte de una persona que no constaba en los registros previstos. De acuerdo con su versión, la situación se habría resuelto mediante la entrega de efectivo procedente de las ventas de una gasolinera ubicada en Guayaquil.
Estas afirmaciones forman parte de los elementos difundidos sobre el expediente y requieren contrastación con los documentos bancarios, los registros contables y las demás evidencias recopiladas por los investigadores.
La Fiscalía deberá establecer si existió un mecanismo destinado a ocultar a los beneficiarios reales de los pagos, disimular el origen de los recursos o evitar los controles aplicables al financiamiento de las organizaciones políticas.
¿Cuánto dinero se encuentra bajo investigación?
Las cifras mencionadas en las publicaciones periodísticas constituyen uno de los aspectos más relevantes del caso.
Los reportes sobre el expediente hacen referencia a más de 700.000 dólares que presuntamente habrían sido canalizados hacia actividades relacionadas con la campaña presidencial de 2023. Por otra parte, durante la formulación de cargos se habría señalado un monto cercano a los 500.000 dólares correspondiente a activos que la Fiscalía considera presuntamente ilícitos.
Es importante diferenciar ambos valores: no necesariamente representan el mismo concepto contable o jurídico. El primero se relaciona con los recursos que habrían circulado hacia gastos de campaña, mientras que el segundo corresponde al monto que, según la información difundida, fue considerado dentro de la hipótesis fiscal sobre el presunto lavado de activos.
La determinación definitiva de los valores, su procedencia y su utilización dependerá de la documentación incorporada al proceso y de las conclusiones a las que lleguen las autoridades competentes.
El antecedente electoral del caso Laberinto
La investigación tiene como antecedente las observaciones realizadas sobre las cuentas de campaña del binomio presidencial integrado por Luisa González y Andrés Arauz durante las elecciones anticipadas de 2023.
Según los reportes periodísticos, las inconsistencias relacionadas con aportes económicos y gastos electorales derivaron en actuaciones ante los organismos de control electoral y en la remisión de antecedentes a la Fiscalía para que se investigaran posibles responsabilidades penales.
Posteriormente, las diligencias habrían incorporado información relacionada con empresas, proveedores y movimientos financieros que podrían tener conexión con los gastos de la campaña.
La investigación busca establecer si existieron aportes que no fueron declarados conforme a la normativa electoral, si se utilizaron intermediarios para canalizar recursos y si alguna operación tuvo como finalidad ocultar el origen o el destino del dinero.
En este contexto, el caso trasciende el ámbito de la contabilidad electoral y se sitúa en el terreno de la investigación penal, donde corresponde determinar si las conductas examinadas encajan en los elementos del delito de lavado de activos.
La situación judicial de los investigados
En octubre de 2026, la Fiscalía formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos contra Luisa González y otras personas vinculadas con la investigación, de acuerdo con los reportes publicados por medios nacionales.
La formulación de cargos representa el inicio formal de una etapa procesal penal respecto de las personas señaladas y no equivale a una declaración de culpabilidad.
Las medidas cautelares que eventualmente disponga un juez tienen como finalidad atender las necesidades procesales previstas en la ley y tampoco constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
Durante la instrucción fiscal, las autoridades deberán profundizar las diligencias, examinar las pruebas, contrastar los testimonios y establecer el grado de participación que, de existir, correspondería a cada persona investigada.
Asimismo, las personas procesadas conservan el derecho a la defensa, a controvertir los elementos presentados por la Fiscalía y a que su situación jurídica sea resuelta conforme al debido proceso.
Repercusiones políticas e institucionales
El caso Laberinto coloca nuevamente bajo escrutinio público la transparencia del financiamiento electoral y los mecanismos de control sobre los recursos utilizados por las organizaciones políticas durante las campañas.
El financiamiento de una candidatura presidencial requiere trazabilidad documental, identificación de los aportantes y cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. Por ello, las investigaciones sobre posibles aportes no declarados o recursos de origen ilícito pueden tener implicaciones que van más allá de las personas directamente involucradas.
No obstante, la repercusión política de una investigación no debe sustituir el análisis jurídico de los hechos. La determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes, con base en pruebas legalmente incorporadas al expediente.
El desarrollo de este proceso también plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles electorales, la supervisión de las operaciones empresariales y la capacidad de las instituciones para identificar movimientos financieros sospechosos.
Lo que falta por esclarecer
La investigación deberá responder varias preguntas fundamentales: cuál fue el origen efectivo de los recursos examinados, quiénes autorizaron y ejecutaron las operaciones, qué proveedores recibieron los pagos, si los bienes y servicios facturados fueron realmente entregados y si existió una intención de ocultar el origen o destino del dinero.
También será necesario determinar si los movimientos financieros investigados tuvieron una relación directa con la campaña presidencial, si fueron registrados en los informes correspondientes y qué responsabilidades individuales podrían derivarse de las actuaciones documentadas.
La respuesta a estas interrogantes dependerá del avance de las pericias y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
Un proceso que exige transparencia y garantías judiciales
El caso Laberinto constituye una investigación de alto interés público por sus posibles conexiones entre financiamiento electoral, actividad empresarial y presuntas operaciones de lavado de activos.
Los chats, cheques, transferencias y testimonios difundidos hasta el momento representan elementos que deben ser examinados de manera integral, sin anticipar conclusiones que todavía corresponden al ámbito judicial.
La ciudadanía tiene derecho a conocer los avances de las investigaciones sobre el uso de recursos en la política. Al mismo tiempo, la cobertura periodística debe preservar la presunción de inocencia y distinguir entre una hipótesis fiscal, un indicio, una prueba sometida a contradicción y una sentencia ejecutoriada.
El esclarecimiento del caso dependerá de que las autoridades logren reconstruir la ruta del dinero, determinar la legalidad de las operaciones y establecer, con sustento probatorio, si existieron responsabilidades penales. Hasta entonces, los hechos investigados deberán tratarse como presuntos y las conclusiones definitivas quedarán sujetas a las decisiones de la justicia ecuatoriana.
