En el espacio De Lunes a Lunes de Teleamazonas: Yuri Colorado y Paola Pabón analizan la ley urgente para los GADs que presentó el Gobierno, se abordó el debate en torno a un proyecto de ley económico urgente impulsado por el Ejecutivo y enviado recientemente a la Asamblea Nacional, el cual busca modificar la forma en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) utilizan sus presupuestos, mientras crece la preocupación por los efectos de la minería ilegal en varias regiones del país.
La iniciativa legal, que propone que los GAD destinen mayor proporción de sus recursos a obras públicas, inversión y servicios básicos, ha generado posiciones encontradas entre autoridades locales y representantes del sector municipal. Según Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), la propuesta no vulnera la autonomía de los gobiernos seccionales y está respaldada en la Constitución, pero reconoce que aún puede perfeccionarse con aportes desde la Asamblea.
Por su parte, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, criticó la iniciativa y señaló que la norma podría contener “una trampa” presupuestaria que afecte el funcionamiento de los GAD, argumentando que algunos cambios en artículos del código pueden limitar la capacidad de ejecutar inversiones de manera adecuada.
El diálogo también incluyó el tema de la minería ilegal, una actividad que continúa causando alarma por los daños ambientales y sociales que provoca en provincias como Napo. En un capítulo reciente del mismo programa, expertos analizaron cómo esta actividad ha impactado territorios y qué respuestas ha dado el Gobierno y el Ministerio de Ambiente ante esta situación.
La minería ilegal ha sido identificada como un fenómeno que afecta ecosistemas frágiles, con presencia en al menos 16 provincias, y que en algunos casos estaría vinculada con grupos organizados y redes criminales, complicando la acción estatal para controlar y regular las áreas afectadas.
El proyecto de ley urgente que se discute en la Asamblea forma parte de un paquete de iniciativas que el Ejecutivo remitió para su análisis en el marco del estado de excepción vigente, con el objetivo de reordenar el gasto público y fomentar una mayor inversión en infraestructura y servicios básicos a nivel local.
Mientras continúa el debate legislativo, actores políticos y sociales esperan que las reformas permitan una gestión más eficiente de los recursos de los GAD y que, paralelamente, se refuercen las estrategias para enfrentar actividades ilícitas como la minería ilegal, que representa un desafío ambiental y de gobernabilidad para Ecuador.
